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La siguiente es la pri­mera de una serie de “noti­cias” o refle­xio­nes que nos situa­ran en las posi­bi­li­da­des arquitectonico-laborales actua­les, en el con­texto de rela­cio­nes inter­na­cio­na­les y la vivienda social: Si en el caso de Haiti, Chile fue capaz de enviar un “con­tin­gente de paz” de 580 sol­da­dos, repre­sen­tan­tes de todas las ramas de sus Fuer­zas Arma­das, esfuer­zos simi­la­res deben ocu­rrir en temas como la vivienda y la pro­puesta y cons­truc­ción del espa­cio público de los luga­res a los cua­les se tiende algún tipo de ayuda. Lo que en ade­lante busca ponerse en dis­cu­sión es no solo un tema de cali­dad de la “expor­ta­ción huma­ni­ta­ria” sino tam­bién, los posi­bles nichos arquitectonico-laborales que sur­gen en el con­texto de la pre­ca­rie­dad y reque­ri­mien­tos de nues­tra reali­dad cen­tro y sudamericana.

NOTICIA / PUERTO RICO NECESITA  30.000 VIVIENDAS SOCIALES PARA SATISFACER SU DEMANDA

Por Agen­cia EFE

San Juan, 9 oct (EFE).- Puerto Rico nece­sita 30.000 vivien­das socia­les para satis­fa­cer la demanda de la pobla­ción con bajos ingre­sos de la isla cari­beña que carece de la capa­ci­dad finan­ciera para pagar los pre­cios del mer­cado libre.

El secre­ta­rio de Pla­ni­fi­ca­ción del Depar­ta­mento de la Vivienda, Car­los Ramos, dijo que en la isla existe una gran demanda de casas de bajo coste, durante una mesa redonda sobre vivienda ase­qui­ble en Puerto Rico y España, encuen­tro orga­ni­zado por el Cole­gio de Arqui­tec­tos y Arqui­tec­tos Pai­sa­jis­tas de Puerto Rico (CAAPPR).

Ramos explicó que esas vivien­das no puede sobre­pa­sar por ley un pre­cio de venta de 110.000 dóla­res –can­ti­dad que se eleva a 140.000 dóla­res en algu­nas localizaciones-, pero que, sin embargo, son una opción poco habi­tual entre los pro­mo­to­res inmo­bi­lia­rios debido a la poca ren­ta­bi­li­dad eco­nó­mica de esos proyectos.

Por su parte, el pre­si­dente de la CAAPPR, José Moreno, recordó que exis­ten amplios sec­to­res de pobla­ción en Puerto Rico con pro­ble­mas para la com­pra de vivien­das, al no poder optar a las de pro­tec­ción ofi­cial pero tam­poco dis­po­ner de renta sufi­ciente para acu­dir al mer­cado libre.

La oferta y la demanda no se encuen­tran en Puerto Rico”, sos­tuvo para ilus­trar la situa­ción inmo­bi­lia­ria por la que atra­viesa la isla cari­beña. Ade­más, resaltó que Puerto Rico debe ale­jarse del modelo de vivien­das uni­fa­mi­lia­res impe­rante en la isla, que ha pro­vo­cado daños al medio ambiente y modi­fi­cado pau­tas de con­duc­tas típi­cas de la socie­dad isleña.
El pre­si­dente de la Comi­sión de Pro­yec­ción Social de la Arqui­tec­tura y Vivienda del Cole­gio de Arqui­tec­tos de Madrid (COAM), Alvaro de Torres, dijo que al igual que en Puerto Rico, en España los cons­truc­to­res huyen de los pro­yec­tos de vivienda social, debido a los bajos már­ge­nes de ganan­cia de ese tipo de edificaciones.

De Torres sub­rayó que la vivienda es un pro­blema capi­tal de la socie­dad espa­ñola, lo que pro­voca que muchos jóve­nes ten­gan que per­ma­ne­cer en el hogar fami­liar en con­tra de su volun­tad.
El arqui­tecto espa­ñol sos­tuvo que la solu­ción al pro­blema pasa por el alqui­ler, moda­li­dad a la que en la actua­li­dad sólo recu­rre el 11 por ciento de la pobla­ción del país ibé­rico.
La mesa redonda cele­brada hoy es parte del inter­cam­bio entre ambos cole­gios de arqui­tec­tos, que tiene como fin la for­ma­ción de equi­pos con­jun­tos para el desa­rro­llo de su acti­vi­dad en mer­ca­dos inter­na­cio­na­les del sec­tor inmo­bi­lia­rio y de la cons­truc­ción.“
“La demanda por vivienda pública o sub­si­diada ya es muy alta, y todo indica que se va a dis­pa­rar en los pró­xi­mos meses. De hecho, según los pro­pios esti­ma­dos del Depar­ta­mento de la Vivienda, hay más de 7,000 per­so­nas en lista de espera para obte­ner un apar­ta­mento en un resi­den­cial público, y casi 14,000 tra­tando de aco­gerse a los bene­fi­cios del lla­mado Plan 8.

El jue­ves pasado, Vivienda Pública admi­tía que, para enfren­tar esa mare­jada de soli­ci­tu­des, sólo tenía cinco apar­ta­men­tos en resi­den­cia­les públi­cos y 251 uni­da­des para el Plan 8. Con esos núme­ros exi­guos, ni un nuevo mila­gro de los panes y los peces podría pro­veer alivio.

En un país donde, tan pronto como el mes que viene, muchos padres de fami­lia se verán des­em­plea­dos, impo­si­bi­li­ta­dos de cum­plir con los pla­zos de una hipo­teca o con el pago de la renta de la casa, es de supo­ner que las soli­ci­tu­des se dupli­quen o tripliquen.

Son poco más de 68,500 las uni­da­des de vivienda com­pren­di­das en los resi­den­cia­les públi­cos del País, un número que, si se asume con rea­lismo el empo­bre­ci­miento de la clase media y el reaco­modo social que se vis­lum­bra, queda muy por debajo de las expectativas.”

Fuen­tes: http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5gjcSQWh2KQyMMmjhOqX3HdeiCHfg / http://www.elnuevodia.com/columna/620603/ / http://www.fcpr.org/PDF/CHEDCO.pdf / http://atinachile.bligoo.com/content/view/44915/Las-labores-de-Chile-y-la-ONU-en-Haiti.html